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La nueva Ley de Vivienda regulará los precios del alquiler de los grandes propietarios y creará un bono para jóvenes

Según el acuerdo alcanzado el martes por PSOE y Unidas Podemos, se reservará un 30 % de todas las promociones para vivienda protegida

 

Noticia del sector

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo el pasado martes, 5 de octubre, para poner en marcha la nueva Ley de Vivienda que, entre otras medidas, incluirá la regulación del precio del alquiler a los grandes tenedores e impondrá un impuesto a los inmuebles vacíos, a través del recargo del IBI de hasta el 150 %, que podrán aplicar los ayuntamientos. Además, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un bono joven por valor de 250 euros mensuales, con el objetivo de fomentar la emancipación de los menores de 35 años.

La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30 % de todas las promociones para vivienda protegida. De este 30 %, la mitad será destinado a arrendamiento social. 

Félix Bolaños, titular del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la ley se articulará como un "paraguas estatal", y la última palabra a la hora de materializar buena parte de las medidas, incluida la intervención de los precios, recaerá en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que ostentan la mayor parte de las competencias en materia de vivienda.

Regulación del precio, bono joven y mayor parque público

El bono joven beneficiará a la población de entre 18 y 35 años con ingresos por debajo de 23.725 euros y tendrá una duración de dos años. El objetivo es que los jóvenes puedan emanciparse a edades más tempranas, pudiendo hacer frente al pago del alquiler de inmuebles. Este bono será gestionado por las Comunidades Autónomas.

La nueva ley incluirá la regulación del precio para los grandes tenedores, aquellos con más de 10 viviendas, que deberán bajarlos, en función del índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. Además, los alquileres se congelarán en el caso de los pisos de pequeños propietarios (menos de 10 inmuebles), que recibirán "incentivos fiscales", que podrían alcanzar hasta el 90 %, en el caso de que decidan bajar los precios. 

Asimismo, se reservará el 30 % de todas las promociones para vivienda protegida, de las cuales la mitad será para alquiler social. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley para regular los programas de rehabilitación residencial y construcción de pisos sociales, dentro de los fondos europeos, para el que se destinarán 4.420 millones de euros. Entre otras medidas, se construirán 20.000 nuevos inmuebles destinados al arrendamiento social.

Temor a un descenso de la oferta residencial 

El contenido de la nueva ley ha provocado las primeras reacciones en el sector. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) señaló que, “a falta de conocer el texto final, las medidas anunciadas afectarán gravemente a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda dedicada tanto al alquiler como a la venta, destinada a paliar la falta de accesibilidad a la misma por parte de los jóvenes”. 

La Asociación considera que, con la futura ley, se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector, y además, explican que la limitación de los alquileres ha demostrado en experiencias pasadas los efectos contrarios a los deseados: reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y aparición de economía sumergida. 

En cuanto a la medida de reservar el 30 % de la edificabilidad a vivienda protegida, y la mitad de esta a alquiler social, producirá, desde su punto de vista, una reducción de la inversión, tanto nacional como extranjera. 

 

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