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Juan Lazcano, presidente de la CNC: "La pandemia ha tenido más repercusión en el sector que la crisis de 2008"

En una entrevista publicada por el periódico Levante-EMV, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción asegura que la paralización tras el estado de alarma generó unas pérdidas de 10.000 millones de euros

Noticia del sector

Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC, tiene muchos kilómetros recorridos. Ingeniero de caminos, canales y puertos conoce el sector como la palma de su mano. Desde la presidencia de la CNC, preside también la Fundación Laboral de la Construcción, la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE y la Asociación Española de la Carretera, por algo fue director general de carreteras del Ministerio de Fomento entre 1996-2000. Es uno de los veteranos de la patronal. Esa dilatada experiencia le aporta la visión del experto y sabio que conjuga el verbo con gotas, pero aportando siempre un amplio conocimiento de cifras, datos, informes y estudios sobre el mismo. En esta entrevista, publicada por el periódico Levante-EMV, afirma que el Covid-19 ha asestado un duro golpe a la construcción en el confinamiento, aunque asegura que esta crisis puede ser una oportunidad si el Gobierno destina a la economía, y en concreto, a la construcción parte de las ayudas directas que va a recibir España del fondo de recuperación de la Unión Europea. Lazcano es tajante. No son tiempos de ajustes. Hay que invertir en infraestructuras y vivienda ya, o no salimos de esta.

PREGUNTA.- La crisis sanitaria motivada por el Covid-19 ha asestado un serio revés a la economía española. Según los últimos datos correspondientes al último trimestre del año, abril-junio, facilitados por el Instituto Nacional de Estadística el producto interior bruto español ha caído al 18,5 % respecto al trimestre anterior. Un registro histórico ¿Cómo ha afectado a la construcción?

RESPUESTA.- El sector ha vivido y está viviendo esta crisis con preocupación e incertidumbre. En una primera fase, con el estado de alarma, se produjo una paralización total de la actividad, lo que ha supuesto un coste superior a los 10.000 millones de euros, cifra que supera la inversión realizada en 2019 por el conjunto de nuestras Administraciones Públicas, que fue 9.890 millones de euros.

Luego, hemos tenido una segunda etapa, de reanudación. Pero la actividad en la construcción no se puede paralizar de un día a otro. La construcción tiene una incidencia muy relevante en el empleo y un efecto arrastre en la economía española enorme por todos los sectores que están vinculados al mismo.

De ahí, que la crisis sanitaria en el sector ha generado una nueva recesión y un serio revés con mayor virulencia y repercusión económica y social que el que tuvo la crisis financiera de 2008. En aquella ocasión, gran parte de las empresas del sector pudieron salir al exterior. En esta crisis no es posible porque es global.

P.- Ante esta coyuntura, se esperaba que Europa diera una solución conjunta frente la pandemia. Finalmente Bruselas ha dado el visto bueno al Plan de Reconstrucción de la Unión Europea con la creación de un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Un acuerdo calificado de histórico. ¿Cómo lo califica usted?

R.- Muy positivamente. Primero por el alcance económico logrado. Segundo, por la puesta en común del Marco Financiero Plurianual (MFP) con las medidas específicas destinadas a la recuperación de la economía europea recogidas en el programa Next Generation EU, que garantiza la homogeneidad y la coherencia entre el Pacto Verde, la digitalización y la resiliencia.

El Covid-19 plantea a la Unión Europea un desafío enorme para adoptar medidas de emergencia destinadas a proteger la salud del conjunto de sus ciudadanos y por otro, evitar el colapso de la economía. Ambas cuestiones quedan contempladas. Esta vez no se han cometido los errores de la crisis financiera de 2008.

El Consejo Europeo a finales de julio advertía la necesidad de movilizar la ayuda a la recuperación así como la conveniencia de crear las condiciones adecuadas para que se ejecuten con prontitud los proyectos de inversión, especialmente en infraestructuras. No son tiempos de ajustes.

Además, el fondo de reconstrucción tiene tres virtudes. Se trata de medidas significativas. Estamos hablando de 750.000 millones de euros a invertir en dos años, para el conjunto de los estados de la Unión Europea. Segundo, se trata de cantidades focalizadas, es decir, están destinadas a regiones y sectores más afectados por la crisis. La construcción es, sin duda, uno de los más castigados por la pandemia. Esta es una opinión compartida por el Fondo Monetario Internacional y por el por el Fondo Monetario Europeo.

Tercero, su duración es limitada en el tiempo y queda establecida en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Por tanto, es un pacto muy positivo. Además, el Nex Generation EU deja claro que durante el trienio 2021-2023 se han de agilizar los procesos para la contratación y establece como fecha límite para los pagos el 31 de diciembre de 2026.

P.- De los 140.000 millones que va a recibir España, 72.000 millones son ayudas directas ¿Cómo y a dónde deben destinarse esos recursos en nuestro país?

R.- Han de destinarse, tal y como establece el pacto, a las comunidades autónomas y a los sectores económicos más afectados por la crisis. La construcción ha sido uno de ellos.

De esos 72.000 millones, la UE va adelantar a España 60.000 millones. El gobierno debe poner en marcha el 70 %, es decir, debe destinar ya 42.000 millones en inversión pública para reactivar la economía. El 30 % restante, 18.000 millones, deben estar ya comprometidos para finales de 2023. Es vital que las inversiones vayan destinadas donde mayor eficacia tenga.

La construcción ha demostrado que es un motor y la base de la recuperación económica duradera. Somos el segundo sector económico en la creación de empleo, generamos una actividad inducida de 1,92 euros por euro invertido y nuestros retornos fiscales rozan el 50 %. Además contamos con proyectos en inversión que no pueden paralizarse en 2021.

Por ello, es fundamental no paralizar el proceso de licitación y contratación de obras y servicios durante este año y en 2021, asegurándose de que se puedan ejecutar proyectos que ya estaban en marcha antes del Covid. Esto facilitará una recuperación más rápida de la economía española, amortiguará el decrecimiento del PIB y disminuiría la destrucción de tejido productivo, favoreciendo un clima en mejores condiciones de contratación.

Quiero recordar que la modernización de las infraestructuras realizada en España entre 1986-2017 fue posible por el modelo de nuestra administración pública y por la capacidad del sector que supo gestionar en proyectos 386.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, en transporte se movilizaron 115.000 millones. Es decir, el sector está capacitado para gestionar eficazmente los recursos económicos acordados por la Unión Europea.

P.- Debido a la actual situación social y económica en la que se debate el país ¿Cuáles son las prioridades del sector para afrontar la era post Covid-19?

R.- Es evidente que la ralentización del sector se ha visto seriamente agravada por la crisis sanitaria del coronavirus. Pese a ello, España precisa de un pacto de Estado en el ciclo del Agua, puesto que existen unas notables deficiencias en saneamiento y depuración. De no cumplir con la directiva marco, las sanciones previstas por la Unión Europea van a ser otro revés para el sector y para el país. Pero además, España también precisa de un pacto de Estado en la financiación de las Infraestructuras que debe abordar el déficit en inversión desde la crisis financiera de 2008.

Conviene recordar que la inversión pública en España sigue en niveles mínimos históricos, equivalente en términos de PIB al de 1980, y con el ratio inversor más reducido de la Unión Europea pese a la recuperación de la contratación pública por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019, el volumen contratado por nuestras Administraciones Públicas en 2019 es de 9.890 millones de euros, un 42 % inferior al realizado con anterioridad al inicio de la consolidación fiscal en 2010 y que está por debajo de los 10.000 millones de pérdidas que ha sufrido el sector en los tres meses del confinamiento. Dato muy relevador del tenue ritmo inversor del Estado en infraestructuras.

P.- Cuando se refiere a establecer un pacto de Estado en la financiación de las infraestructuras, está pidiendo recuperar un nuevo modelo de colaboración público-privada

R.- Interviene rápidamente. Evidentemente. El gasto social en España es progresivo y en la actual crisis sanitaria todavía va a ser mayor. Se van a incrementar las partidas destinadas, vía presupuesto del Estado, en protección social, sanidad y educación, como es lógico.

Por ello, si queremos cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU en la Agenda 20-30 y tener una red de carreteras seguras y verdes, mejorar nuestras dotaciones en salud y bienestar, agua y saneamiento, tener unas ciudades sostenibles, contar con energía no contaminante y disponer de una industria innovadora y una red infraestructuras propia del siglo XXI, hemos de revisar nuestro modelo de financiación.

Por eso desde CNC abogamos por recuperar la colaboración público-privada. Esa la única vía, porque con un gasto social creciente que deben atender los presupuestos del estado, no hay otra alternativa. La iniciativa privada garantiza la modernización de nuestras infraestructuras. Por ello, se ha de fomentar el modelo de concesión, que no altera la titularidad pública de las infraestructuras, pero anticipa y difiere en el tiempo nuestras inversiones minimizando la captación de recursos públicos y su impacto en el déficit público.

P.- ¿El sector de la construcción está preparado para resistir esta crisis? ¿Cree que puede incidir en la continuidad de empresas y el mantenimiento de puestos de trabajo?

R.- Para esta crisis ningún sector estaba preparado porque ha sido inesperada y mundial. Esta no es una crisis propia de un país, ni de un mercado.

El impacto del Covid-19 ha generado un doble choque de oferta y demanda que ha motivado una crisis de actividad, contra la que en lugar de actuar por la vía de los ingresos hemos de actuar por la vía del gasto. Afortunadamente el sector financiero cuenta con liquidez. Los bancos centrales disponen de un amplio margen de actuación en el ámbito del endeudamiento.

Por tanto, la clave reside en destinar ese gasto de manera eficaz económica y socialmente. Es fundamental aportar liquidez a las empresas para evitar un desplome de las mismas y una recaída en la generación de empleo.

En ese sentido, ya se han producido para paliar esta crisis dos medidas de carácter general: la ayuda a las empresas con medidas fiscales y financiación avalada por el ICO, que afecta a la oferta, y otra que afecta a la demanda, que han sido la ampliación de los ERTE's, para proteger el empleo. Ambas insuficientes, pero sin duda, en la buena dirección.

Es evidente que las medidas que mejor conjugan, sin duda, el impulso de la actividad económica y el empleo es la inversión en construcción e infraestructuras, como así lo acredita la superación de otras crisis vividas en el pasado.

P.- ¿Por qué la inversión en construcción e infraestructuras, según usted, va a generar un mayor impulso de nuestra economía y contribuir a la creación de empleo?

R.- No es sólo una afirmación mía. Mire en este diagnóstico han coincidido instituciones y autoridades económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la Comisión Europea e incluso el Premio Nobel de Economía y catedrático en Harvard, Eric Maskin, que ha afirmado que "sólo saldremos de esta crisis con una inversión masiva en infraestructuras".

Por tanto, hay que promover la inversión en construcción e infraestructuras por su diversidad. Éste es un sector integrado por grandes corporaciones y medianas empresas, pero también compuesto por pymes, micropymes y autónomos que constituyen el tejido socioeconómico de nuestro país. Pero además, por su agilidad, flexibilidad, versatilidad y adaptabilidad a la coyuntura económica del entorno.

Otro factor, es su influencia en el mercado laboral. En España, el sector de la construcción incide directamente en la creación de empleo, porque somos un sector que mayor impulso da a nuestra industria, de hecho, generamos la menor cuota de exportaciones.

Pero además, porque la construcción está muy bien estructurada en el ámbito laboral. Tenemos el convenio colectivo nacional y contamos con nuestra propia Fundación Laboral, dotada de centros de formación preventiva y de oficios, capaz de incorporar rápidamente al sector trabajadores de otros ámbitos. Por ello, la construcción es un motor clave de la economía y la inversión ha de ir destinada, como he dicho antes, allí donde sea más eficaz y tenga mayor rentabilidad económica y social.

P.- Es decir, según usted las inversiones destinadas a infraestructuras y construcción garantizan el soporte del bienestar social del país

R.- Interviene. Evidentemente. Cada euro invertido en infraestructuras tiene un efecto social y económico total. Pero no es lo que lo diga yo. Esas inversiones están recogidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU en la Agenda 20-30 y compartido por la Comisión Europea, que aconseja y propone, que para superar la crisis del Covid-19, se ha fusionar el Pacto Verde o Green Deal y la Agenda Digital en un plan de recuperación cuyo objetivo sea concretar la inversión en sectores y actividades de proyección futura para cumplir los objetivos ODS en 2030.

De hecho, la Comisión señala como actividades para lograr dicho fin: la construcción, la digitalización de servicios y una ola de renovación inmobiliaria puesto que en la Unión Europea los edificios son los mayores consumidores de energía y los responsables de 36 % de la emisión de gases de efecto invernadero.

P.- En ese sentido, ¿Qué retos ha de abordar el sector de la construcción en España en la era post Covid-19?

R.- El primer reto es el cumplimiento de las inversiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU establecidos la Agenda 20-30. Estamos hablando del cumplimiento de una inversión de 157.000 millones de euros, según datos de Seopan. Con el ritmo inversor del conjunto de las Administraciones Públicas no se va a poder cumplir si no se cuenta con la iniciativa privada. Además, como he dicho anteriormente, acordar un pacto de Estado en el ciclo integral del agua y en la financiación de las infraestructuras.

Otros retos de los importantes es resolver el acceso de la vivienda de los jóvenes y crear un parque en alquiler que sea asequible, aquí también es necesario activar la colaboración público-privada. También se ha de llevar a cabo la reforma y regeneración urbana en edificación y la conservación del patrimonio de nuestras infraestructuras. Inversión en edificación, el sector inmobiliario y el derecho a vivienda asequible y de calidad.

P.- Ha mencionado como objetivo la accesibilidad a la vivienda y crear un parque en alquiler abogando por activar la colaboración público-privada.

R.- El sector de la construcción y la edificación en España reclamamos un plan de recuperación que contemple medidas y recursos necesarios para acelerar la actividad y contribuir de forma decisiva a una rápida recuperación económica. Se trata de poner en marcha una ola de renovación inmobiliaria que responda a las necesidades de rehabilitación y renovación urbana y acceso a la vivienda siguiendo las líneas estratégicas que marcan el Pacto Verde -Green Deal- de la Comisión Europea, la Agenda 20-30 de la ONU y la Agenda Urbana Española. 

Por ello, desde la CNC demandamos un apoyo inicial y urgente para impulsar, a través de la colaboración público-privada, esa inyección en el sector inmobiliario que dé respuesta a las necesidades de rehabilitación, renovación urbana y acceso a la vivienda, citadas anteriormente.

P.- Ustedes reclaman un nuevo modelo para impulsar la actividad en el sector inmobiliario, pero no cree que ese "ola de renovación inmobiliaria" de la que habla debe ser sostenible y accesible. La vivienda debe ser un derecho al que podamos acceder los ciudadanos, sin embargo es un lujo. ¿Cómo cambiar esa inercia?

R.- Como bien dice usted el acceso a la vivienda ha de ser un derecho. Nosotros consideramos que se debe recuperar el acceso a la vivienda y reactivar su producción para alcanzar las 150.000 unidades iniciadas al año y equiparar a España a los ratios de la UE.

Siendo prudentes si entre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el Plan de Vivienda y los fondos europeos destinan entre 1.500 a 2.000 millones de euros al año, que supone pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000, en cuatro años se habrá generado una actividad de 39.000 millones de euros, se habrán creado 702.000 puestos de trabajo, 175.000 a tiempo completo y habremos reducido los costes de desempleo en 57.000 millones de euros, generando un retorno fiscal de 11.400 millones.

No se recuperará el empleo sin vivienda. Por ese motivo insisto, es necesario reactivar la producción de vivienda, tanto la obra nueva como la de rehabilitación, promover la regeneración urbana y crear un parque de viviendas en alquiler que sea viable.

P.- ¿Es posible construir más vivienda de calidad, moderna y asequible?

R.- Para lograr el acceso a la vivienda los agentes y las administraciones públicas deben reducir los costes de producción. En este sentido, proponemos crear un parque público, con la colaboración público-privada, que las administraciones públicas liberen el suelo, para abaratar el coste del mismo, realizando una concesión a 75 años conjuntamente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para incrementar el parque de viviendas existentes en alquiler que facilite el acceso universal a una vivienda digna, adecuada y asequible, proponemos incrementar las ayudas y bonificaciones fiscales en la renovación de vivienda destinad al alquiler y de forma especial cuando se garantice un precio asequible. Hay que establecer una nuevo Plan Nacional de Vivienda, Plan Nacional de Rehabilitación y Renovación Urbana y una Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido dando lugar a una política integral consensuada con las administraciones públicas, operadores del sector y agentes sociales.

P.- Como puede afectar el Covid-19 a la promoción de vivienda y al acceso de los ciudadanos a la misma. ¿Han previsto cómo evitar la influencia del coronavirus en el acceso a la misma?

R.- Antes de la pandemia nuestro país presentaba una serie de carencias en materia de vivienda, especialmente en la dificultad del acceso por parte de familias con rentas bajas y de los jóvenes. Para impulsar la accesibilidad de estos dos colectivos, es crucial crear el parque de viviendas con colaboración público-privada y canalizar su financiación mediante convenios con la banca y el ICO.

En ese sentido, urge movilizar y agilizar los trámites de suelo público dotacional propiedad de las administraciones públicas abriendo el camino, insisto, a la colaboración público-privada. Es preciso, por tanto, modificar el IVA de las cesiones de suelo con derecho de superficie al 10 % y no al 21 %. Por ello, es preciso, establecer un plan de acceso a la vivienda para jóvenes en colaboración con el ICO que ha de avalar el 20 % del valor de la compra y reducir al 4 % el IVA para la compra de primera vivienda. Asimismo, se ha recuperar las deducciones fiscales por inversión en vivienda habitual y para los arrendatarios. La red de carreteras estatal, la asignatura pendiente.

P.- Usted suele decir que la gran asignatura pendiente es conservar nuestro stock de capital público que está muy deteriorado, especialmente en el ámbito de la carretera. El pasado martes 28 de julio la Asociación Española de la Carretera (AEC) entidad que preside, presentó el informe de la red viaria en el que lamentan el abandono de la conservación como el mal endémico de las carreteras en España. ¿Qué demandan desde AEC como prioridad para revertir la situación actual?

R.- El último informe realizado por la asociación que aborda las "Necesidades de inversión en conservación" refleja el abandono en la conservación de nuestras carreteras que afecta tanto a las vías competencia del Estado como las que gestionan las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales. De hecho, uno de cada diez kilómetros presenta una situación muy deficiente e incompatible con una movilidad segura y verde.

En ese sentido, el estudio refleja que el déficit de mantenimiento ha incrementado las emisiones de CO2 en 25 millones de toneladas en los últimos diez años. Para dar un giro a esta situación es preciso invertir como mínimo 7.500 millones de euros en el conjunto de las infraestructuras viarias del país.

P.- Habla de un déficit del conjunto del Estado en la conservación de la red estatal de carreteras. ¿Puede precisar más?

R.- El patrimonio de la red viaria española está valorado en 215.000 millones de euros, pero desde 2009 ha sido abandonado. Eso es una realidad y una constante en los sucesivos y reiterados ajustes reflejado en los presupuestos públicos. En concreto, sólo en la red dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre 2009 y 2019, los recursos destinados a conservación y seguridad vial se han visto mermados en un 76 %. Esto explica el hecho de que de 100.000 kilómetros de carreteras un total de 10.000 presentan deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento.

P.- La Estrategia Sistema Seguro, la Ley de Movilidad, la Movilidad Sostenible, Segura y Conectada y la Neutralidad Climática son los cuatro grandes objetivos que se ha marcado el Gobierno para cumplir el Pacto Verde Europeo. ¿Cree que son alcanzables?

R.- Lo veo difícil si la situación de las infraestructuras viarias no da un giro de 360 grados.

P.- ¿La solución entonces?

R.- La única solución posible para las carreteras españolas pasa por la definición de un espacio de financiación propio, global y sostenible que debe nutrirse a través de tres vías. La primera por los presupuestos generales del Estado, Autonomías y Diputaciones. La segunda por los fondos europeos, a través de las ayudas directas de recuperación post Covid-19 y el tercero, establecer una sistema de pago directo.

P.- ¿Un peaje?

R.- Es un coste por el uso o tasa por uso. De hecho, en la Unión Europea ya hay 23 países que tiene tarificada el 100 % de su red. En España sólo el 15 % y sólo en la autopistas. De hecho en algunas ya se ha eliminado, como la AP7.

P.- Ya era hora

R.- Bueno, pero insisto que no tiene sentido. Mire en el País Vasco, concretamente en Guipúzcoa, ya se ha tarificado la A-1 y en Navarra hay una debate público sobre la conservación y rehabilitación de sus firmes. Por eso, si queremos carreteras seguras hemos de conservarlas y dotarlas de un sistema de financiación propio. Sino seguirán deteriorándose.

De hecho, en la actualidad sobre una puntuación de 400, la red de carreteras española es deficiente o muy deficiente. La puntuación de la red estatal es de 141 sobre 400 y las Comunidades Autónomas es de 127. Urge ya invertir en nuestras carreteras.

 

* Echa un vistazo a la entrevista, publicada en Levante-EMV.

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